Temario común de oposiciones

La Constitución Española fue aprobada por las Cortes el 31 de octubre de 1978, ratificada en referéndum el 6 de diciembre y sancionada por el Rey el 27 de diciembre de 1978. Es la norma suprema del ordenamiento jurídico. Consta de un Preámbulo, un Título Preliminar y 169 artículos distribuidos en 10 títulos, además de disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y final.

El Título I ('De los derechos y deberes fundamentales', arts. 10 a 55) es el más extenso de la Constitución. Distingue distintos niveles de protección. Los derechos fundamentales y libertades públicas (Sección 1ª del Capítulo II, arts. 15 a 29) gozan de la máxima protección: recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y reserva de ley orgánica. El art. 14 consagra la igualdad ante la ley.

El Título II regula la Corona (arts. 56 a 65). El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad; sus actos están siempre refrendados.

Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por dos cámaras: el Congreso de los Diputados y el Senado (bicameralismo). Ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuye la Constitución. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados (actualmente 350); el Senado es la cámara de representación territorial.

El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado; ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria (art. 97). Se compone del Presidente, los Vicepresidentes en su caso, los Ministros y demás miembros que establezca la ley. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa con sometimiento pleno a la ley y al Derecho (art. 103).

La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley (art. 117). El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del Poder Judicial. El Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.

El Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan (art. 137). Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, reconociendo y garantizando el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones (art. 2).

La Unión Europea se rige por el Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE). España es miembro desde el 1 de enero de 1986. Sus principales instituciones son el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la UE, el Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas. El Derecho de la UE tiene efecto directo y primacía sobre el Derecho nacional.

El acto administrativo es la declaración de voluntad, juicio, conocimiento o deseo realizada por la Administración en ejercicio de una potestad administrativa. La Ley 39/2015 regula sus requisitos (competencia, procedimiento, forma y motivación), su eficacia (que se produce desde la fecha en que se dicten, salvo notificación o aprobación posterior) y su validez. Los actos se presumen válidos (presunción de legalidad) y son inmediatamente ejecutivos.

La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula las relaciones externas entre la Administración y los ciudadanos. El procedimiento se estructura en fases de iniciación (de oficio o a solicitud del interesado), ordenación, instrucción (alegaciones, prueba, informes, audiencia) y finalización (resolución, desistimiento, renuncia, caducidad). El plazo máximo para resolver y notificar, si la norma no fija otro, es de 3 meses.

La Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, regula la organización y el funcionamiento interno de las Administraciones: los órganos administrativos, los principios de actuación, la competencia, los órganos colegiados, la abstención y recusación, y las relaciones interadministrativas. Establece los principios de servicio efectivo a los ciudadanos, buena fe, cooperación, eficacia, eficiencia y transparencia.

El Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (RDL 5/2015) regula el régimen del personal al servicio de las Administraciones. Clasifica a los empleados públicos en funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral (fijo, indefinido o temporal) y personal eventual. Establece sus derechos, deberes, el código de conducta, la carrera profesional, las situaciones administrativas y el régimen disciplinario. Los grupos de clasificación profesional son A (A1, A2), B, y C (C1, C2).

La Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno tiene un triple objeto: incrementar la transparencia mediante la publicidad activa, reconocer el derecho de acceso a la información pública y establecer obligaciones de buen gobierno. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es el organismo encargado de velar por su cumplimiento. El derecho de acceso puede ejercerlo cualquier persona.

La Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres busca hacer efectivo el principio de igualdad de trato y de oportunidades, eliminando la discriminación por razón de sexo. Introduce conceptos como discriminación directa e indirecta, acoso sexual y por razón de sexo, y acciones positivas. La Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género establece medidas de sensibilización, prevención y protección de las víctimas.

La protección de datos se rige por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD, UE 2016/679) y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Se basa en principios como licitud, lealtad y transparencia, limitación de la finalidad, minimización de datos, exactitud y confidencialidad. Reconoce los derechos ARSOPL (acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación). La Agencia Española de Protección de Datos es la autoridad de control.

La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. Se aplica también al personal de las Administraciones Públicas. El empresario tiene el deber de protección; los trabajadores, derecho a una protección eficaz y deberes en materia preventiva.